Por Nicolás Besimenko
El próximo sábado se cumplirán 4 años del secuestro y desaparición forzada de Jorge Julio López, luego de declarar en el juicio contra el ex-comisario Miguel Etchecolatz por los crímenes cometidos en la última dictadura en Argentina (1976-1983). Desde el 18 de septiembre de 2006 a la fecha no hay información acerca su paradero. El Gobierno nacional, lejos del tema, sólo se preocupa por levantar la bandera de los derechos humanos e ignorar cómplicemente las últimas maniobras del aparato represivo. No hay investigación, no hay culpables y mucho menos justicia.
Jorge Julio López desapareció de su domicilio en el barrio platense de Los Hornos el 18 de septiembre de 2006, día en que se exponían los alegatos de la querella en el juicio contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, del que fue testigo. Sus precisos testimonios en los juicios por la verdad y en el juicio a Etchecolatz fueron de vital importancia en la condena a cadena perpetua que dictó el Tribunal Federal 1 de La Plata. La causa judicial por la desaparición de López se encuentra “paralizada” después de cuatro años, sin que hasta el momento haya ningún imputado ni procesado. Las autoridades jamás actuaron con la seriedad que requiere un caso de esta magnitud. Aníbal Fernández, que ocupaba el cargo de Ministro del Interior, se mandó una meada afuera del tarro diciendo que el compañero se encontraba “asustado, escondido seguramente en la casa de alguna tía”.
Felipe Solá, gobernador de la provincia de B. Aires en aquel entonces, encomendó a la bonaerense para la investigación creando una comisión cuyos responsables fueron partícipes de la dictadura como el Superintendente Roberto Silva, ingresado en la Bonaerense en marzo del 77, Alberto Farinelli integrante de la Dirección de Inteligencia de la policía en plena dictadura; así como el capitán Zaffino titular de la Comisaría de Los Hornos cuando fusilaron a Darián Barzabal dentro de un patrullero de la repartición.
La Justicia Provincial estuvo un año y medio preocupandose mediante averiguación de paradero, pero se olvido rápido del tema, al mismo tiempo que los grandes medios de comunicación dejaron atrás la noticia.
Lo de la Justicia Federal es absurdo. Primero siguió las pistas más raras, luego realizó allanamientos tardíos e irregulares, y por último cometió un error demasiado infantil: no investigó a ninguno de los denunciados por López en su declaración en el juicio a Echecolatz, (Garachico Urcola, Gomez, Gijena, Peralta, Ponce y Aguiar).
Mientras algunos nos preguntamos dónde está la democracia de la que tanto hablan, mientras la clase política mira de brazos cruzados, el terror que parecía del pasado vuelve a asomar su cabeza con nuevos casos.
El lunes 29 de marzo a las 10 de la mañana, Silvia Suppo fue atacada y asesinada de doce puñaladas en su comercio del centro de Rafaela por dos delincuentes. Suppo fue testigo crucial en el juicio de 2009 que condenó por primera vez a un juez federal, Víctor Brusa (junto a un grupo de tareas) por delitos de lesa humanidad.
Si bien las indagatorias a los imputados indican que un fue un robo, las investigaciones deben determinar si fue un asesinato cometido por su rol como testigo de causas por los derechos humanos o definitivamente es un delito común. El comercio de la víctima estaba ubicado en pleno centro de Rafaela (Santa Fé), de 95 mil habitantes, donde es inédito un crimen con semejante ensañamiento.
No podemos olvidar el caso de Luciano Arruga, adolescente de 16 años de quien nada se sabe desde el 31 de enero de 2009, cuando fue interceptado por la policía bonaerense en Lomas del Mirador. Las sospechas recayeron sobre la policía, no sólo por su desaparición sino por el “reclutamiento” de chicos para delinquir, mientras las voces de siempre piden más “mano dura” y criminalizan a los chicos pobres con la versión actualizada del “algo habrán hecho”. Una sociedad asquerosamente conservadora sin soluciones a la vista.
En Corcovado, Chubut, no se sabe nada de Luciano González desde el 10 de marzo de 2009. La inédita represión fue provocada en aquel pueblo de 2000 habitantes por el GEOP (Grupo Especial de Operaciones) que con el argumento de buscar a un prófugo allanó casas, derribó puertas, golpeó y detuvo ilegalmente a decenas de personas, sembrando una situación de terror que la justicia empezó a investigar como delitos de lesa humanidad, aunque luego moderó la causa caratulándola como “abusos de autoridad” entre otros, pese a que los apremios ilegales y privaciones ilegítimas de la libertad están vastamente documentados.
Pero retomando la causa por la desaparición de López, el único “avance” que se dio este año en la causa fue la declaración en marzo del médico policial Carlos Osvaldo Falcone, que fue citado como testigo porque en su casa de Mar del Plata se halló en el 2009 un automóvil en el que se sospecha habría sido secuestrado López.
Se sabe que Falcone figura en la agenda que se le secuestró a Etchecolatz tras la desaparición de López, y que visitó a este genocida en la cárcel del Marcos Paz en al menos dos oportunidades, según constataron los investigadores de la causa.
Falcone tiene 66 años, y pasó a retiro en octubre de 2005. En la declaración se le preguntó en relación al Volkswagen Gol color azul metalizado, sin patente y oxidado, secuestrado el 13 de enero de 2009 en su casa de Mar del Plata.
El auto era robado, y el médico policial explicó que se lo habían prestado y “no sabía que era robado”. Obviamente negó haber dicho que en ese auto fue secuestrado López.
Estamos atravesando un momento inconcebible en un país que se jacta de repetir a diario "estamos en democracia, es inpagable", y no nos damos cuenta o no queremos comprender que de la mano de los casos mencionados anteriormente, aún sigue vivo el fantasma del terrorismo en nuestro país.
Porque los que tanto se inflan el pecho hablando de los derechos humanos, se hacen los pelotudos con el caso de López, con la locura de Corcovado, con el chico González, con el esclarecimiento de Silvia Suppo. Son cómplices pasivos, no se involucran porque tienen "la agenda cargada de eventos más importantes".
Y mientras no salgamos a reclamar como pueblo el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, nunca vamos a enterrar los fantasmas del "Proceso".
Desde este espacio, pedimos la aparición con vida de:
JORGE JULIO LÓPEZ
LUCIANO GONZÁLEZ
LUCIANO ARRUGA
Juicio y castigo a los culpables, desde los autores materiales hasta los que siguen encubriendo con su silencio a los responsables.
MÁS PRESENTES QUE NUNCA
